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El derecho de defensa es una prerrogativa necesaria que tiene todo aquél que es demandado o acusado. Incluye la posibilidad de ser oído y, asimismo, la asistencia letrada (la que habitualmente se exige para mejor protección del acusado).-
Para quienes carecen de recursos económicos, el estado debe proveer un defensa digna mediante la prestación de un servicio de defensorías públicas, gratuitas y eficientes.-
Otra etapa esencial es la relativa a la posibilidad de ofrecer toda la prueba necesaria que permita una adecuada defensa. Comprende toda prueba que sea pertinente para resolver la cuestión. Esta prueba sólo puede ser desechada por causas razonables.-
Esta garantía comprende además la posibilidad de controlar la prueba que aporte la parte contraria.-
Todo litigante tiene derecho a obtener una sentencia que dirima la cuestión, la que debe guardar estricta relación (congruencia) con las cuestiones planteadas por la acusación y la defensa y también con la prueba aportadas por las partes. La sentencia debe ser motivada y razonable, es decir, exenta de arbitrariedad.-
Finalmente cabe mencionar el derecho de ejecutar la sentencia, que le incumbe a todo aquel que ha sido favorecido por una resolución judicial firme y definitiva. Sin ello la sentencia sería meramente declarativa y el proceso judicial carecería de utilidad.-