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Art. 4º- Autonomía funcional e independencia. El Ministerio Público Fiscal de la Nación
ejerce sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a instrucción o directivas
emanadas de órganos ajenos a su estructura.
Art. 5º- Relaciones con el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se
relacionará con el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación o el que cumpla dichas funciones.
Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación la
representación del Estado o del Fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente
al Poder Ejecutivo nacional. No obstante, el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del ministro correspondiente, podrá dirigirse al Procurador General de la Nación a fin de
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coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de los intereses generales de la
sociedad y la persecución penal.
Art. 6º- Relaciones con el Poder Legislativo. En oportunidad de la inauguración del período
de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el Procurador General de la Nación remitirá
a la Comisión Bicameral, cuya composición y funciones fijará el Congreso Nacional, un
informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá
contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la eficiencia
del servicio y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras legislativas que
éste requiera.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación será consultado en oportunidad de analizarse y
debatirse proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.
Art. 7º- Requerimiento de colaboración. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la
Nación podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, municipales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los organismos privados y a los particulares.
También podrán citar personas a fin de que presten declaración, las que estarán obligadas
a concurrir y podrán ser conducidas por la fuerza pública en caso de ausencia injustificada.
Los organismos públicos y las fuerzas de seguridad deberán prestar la colaboración y
las diligencias que les sean requeridas, adecuándose a las directivas impartidas por los
miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y destinando a tal fin el personal y los
medios necesarios a su alcance.
Art. 8º- Investigaciones genéricas. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la
Nación podrán realizar las investigaciones genéricas previstas en el artículo 213 del
Código Procesal Penal de la Nación. A tal fin, los titulares de las fiscalías de distrito, las
procuradurías especializadas y las unidades fiscales especializadas deberán informar su
inicio a la Procuración General de la Nación, conforme la reglamentación que se dicte al
respecto.
En las investigaciones genéricas se podrá solicitar y producir información tendiente
a la identificación de fenómenos criminales que orienten la constatación de hipótesis
delictivas a partir de una o varias investigaciones preliminares. No procederá la aplicación
de medidas de coerción personal.
Art. 9º- Principios funcionales. El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejercerá sus
funciones de acuerdo con los siguientes principios:
a) Unidad de actuación: el Ministerio Público Fiscal de la Nación es una
organización jerárquica cuya máxima autoridad es el Procurador General de la
Nación. En su actuación es único e indivisible y estará plenamente representado
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en la actuación de cada uno de sus funcionarios. Cada funcionario controlará
el desempeño de quienes lo asistan y será responsable por la gestión de los
funcionarios a su cargo. Éstos actuarán según las instrucciones impartidas por
sus superiores y conforme a lo previsto en esta ley.
b) Organización dinámica: la organización y estructura del Ministerio Público
Fiscal de la Nación se regirá bajo criterios de flexibilidad y dinamismo, en miras a
atender las necesidades que la complejidad y conflictividad social le demanden.
c) Respeto por los derechos humanos: desarrollará su actuación de acuerdo con
los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional,
los tratados y convenciones internacionales, respetando los derechos humanos
y garantizando su plena vigencia.
d) Objetividad: requerirá la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo
equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio
racional y ponderado del poder penal del Estado.
e) Gestión de los conflictos: procurará la solución de los conflictos con la finalidad
de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social.
f) Orientación a la víctima: deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta los
intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto.
Informará a ésta acerca del resultado de las investigaciones y le notificará
la resolución que pone fin al caso, aun cuando no se haya constituido como
querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurará la máxima
cooperación con los querellantes.
g) Accesibilidad y gratuidad: promoverá los derechos reconocidos a la víctima
por la ley, facilitando su acceso al sistema de justicia de manera gratuita.
h) Eficiencia y desformalización: velará por la eficiente e idónea administración
de la información, recursos y bienes públicos. Procurará que los procedimientos
sean ágiles y simples sin más formalidades que las que establezcan las leyes.
i) Transparencia: sujetará su actividad a pautas de transparencia, informando los
criterios que orientan la persecución y selectividad penal, los objetivos anuales
propuestos y los resultados de su gestión, de tal manera que se pueda evaluar
el desempeño de sus funcionarios y de la institución en su conjunto.
j) Responsabilidad: los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación
estarán sujetos a la responsabilidad administrativa y penal correspondiente.