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Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso
XIII, es proclamado rey tras jurar fidelidad al Movimiento Nacional y el mantenimiento del
régimen, pero deja entrever ya en su discurso de coronación sus intenciones de reforma.
Juan Carlos I buscaba eliminar progresivamente la dictadura para establecer una
democracia. Para ello se apoyó en Torcuato Fernández-Miranda, su antiguo mentor y un
aperturista del Movimiento Nacional a quien colocó al frente de las Cortes y el Consejo del
Reino; y en Adolfo Suárez, también aperturista del Movimiento, a quien nombró presidente
del Gobierno. Para ello plantearon la convocatoria de unas elecciones libres, la elaboración
de una nueva Constitución y la concesión de una amnistía para los presos políticos.
Comenzaron estableciendo la Ley para la Reforma Política en 1976, que seguía la
legislación franquista y transformaría las Cortes en un Congreso y un Senado elegidos
democráticamente por sufragio universal masculino, devolviendo la soberanía al pueblo,
pero debía ser aprobada por las propias Cortes, que se autodestruirían. Fue presentada
por Adolfo Suárez con el apoyo del rey y aprobada en noviembre de 1976 por las Cortes
franquistas para luego ser llevada a referéndum popular en diciembre, cuando se aprobó
definitivamente.
El búnker y los grupos terroristas de extrema derecha querían mantener la dictadura
franquista y se opusieron al cambio. Otros grupos terroristas de izquierdas como ETA y
GRAPO también dieron múltiples atentados, normalmente contra policías, militares o
personalidades del régimen. Entre 1976 y 1977 se promulgaron distintas leyes para
legalizar los partidos políticos, a destacar el Decreto para la Legalización de los partidos
políticos (1977) el cual legalizó a algunos como UCD, PSOE o AP. Tuvo más dificultades la
legalización del PCE, influenciada por el asesinato de unos abogados del partido por parte
de la extrema derecha en enero de 1977 en Atocha. La disciplina en sus entierros mejoró su
imagen ante la opinión pública, y fue legalizado por Suárez en Semana Santa a cambio de
que reconocieran la monarquía, la bandera nacional y la unidad de España.
Para el establecimiento de la democracia, resultaba imprescindible una amnistía de los
opositores al franquismo. En 1975, Juan Carlos I promulgó un indulto para aquellos presos
políticos que no estuvieran afectados por delitos de sangre, lo que afectó a sindicalistas o
propagandistas y permitió volver del exilio a significados opositores. En octubre de 1977 se
aprobó, con la oposición de Alianza Popular, una Ley de Amnistía que amparaba también
los delitos violentos perpetrados entre 1936 y 1976; la idea era la reconciliación y el olvido
de los antiguos enfrentamientos. UCD incluyó un apartado por el que también se amnistiaba
a “funcionarios y agentes del orden público”, lo que más tarde sirvió de amparo para la
condena de los crímenes franquistas.
En junio de 1977 se convocan las primeras elecciones libres desde la II República, por
sufragio universal masculino y femenino, y con la victoria de UCD, seguido del PSOE y
ambos con gran diferencia de los demás partidos, se forma el primer Gobierno democrático,
presidido por Adolfo Suárez.