Esto es lo que se conoce como principio de oportunidad que se contrapone a la legalidad y habilita la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible, o inclusive frente a la prueba más o menos concreta de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incondicionalmente, por motivos de utilidad social o por razones de política criminal. Ante la inacción del Poder Legislativo nocional de fijar en el mismo Código Penal criterios de oportunidad que determinen pautas de persecución uniformes para todo el país, las provincias han comenzado a hacerlo en los Códigos de procedimiento. Se ha dicho que esta solución presenta ventajas, considerando que permite que las pautas se adecuen a las realidades tan diversas que viven cada una de las provincias.